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Por Elisa Batista (Wired News)

Cuando el gobernador de California Gray Davis firmó la semana pasada una ley que prohíbe a las empresas enviar mensajes de texto no solicitados a los teléfonos celulares, Rodney Joffe consideró que la medida era un "muy buen comienzo".

Joffe, un empresario que participó en la fundación del proveedor de servicios para redes Genuity, quiere que su estado, Arizona, ponga en vigor una ley similar. Seguramente, le haría la vida mucho más sencilla.

Hace unos 18 meses, Joffe fue interrumpido en medio de una actuación de Riverdance por un mensaje de texto que llegó a su celular preguntándole si estaba interesado en una hipoteca. El mensaje fue enviado a por lo menos 90.000 usuarios de celulares como parte de una campaña publicitaria de Acacia National Mortgage Company.

Si bien Joffe se quejó a Acacia y a su proveedor de servicios, AT&T Wireless, unos meses después volvió a recibir la publicidad. Ahora Joffe está embarcado en un juicio contra Acacia, que según él violó la Ley de Protección del Consumidor de Telefonía de 1991 que prohíbe el envío de faxes no solicitados y de llamadas grabadas de telemarketing a los teléfonos celulares. También está tratando de convertir su juicio individual en una demanda colectiva ante la Suprema Corte de Arizona.

El resultado del caso depende de la forma en que el juez clasifique a la mensajería instantánea por teléfonos celulares. ¿Se trata de fax, que está cubierto por la ley, o de email, que no está regulado?

Acacia no formuló comentarios.

Según Joffe y los legisladores del estado de California, los mensajes de texto comerciales no solicitados deben considerarse ilegales porque quienes los reciben deben pagar por haberlos recibido.

"Estamos actuando ahora para evitar que el envío de spam a través de mensajes de texto se salga de control como sucedió con el spam por email", dijo el gobernador Davis.

No obstante, la nueva ley de California --que técnicamente entra en vigor en enero-- podría hacer poco por poner freno a lo que ya se ha convertido en una herramienta de márketing muy utilizada en el exterior.

Cerca de un 17 por ciento de los usuarios de celulares en Estados Unidos --23 millones de personas-- envían mensajes cortos de texto por sus teléfonos en la actualidad, según un informe publicado en julio por Jupiter Research. El informe agrega que para el 2006, la publicidad por teléfono celular en Estados Unidos --que por ahora se encuentra en una etapa incipiente-- será tan popular como en Europa y Asia.

Para los proveedores de servicios de telefonía celular de otros países, no ha sido sencillo poner freno a los spammers, que por supuesto quieren aprovechar este mercado.

NTT DoCoMo, el proveedor más importante de Japón, se ha visto perjudicado por los mensajes no solicitados. Después de recibir "decenas de miles" de quejas de sus clientes, DoCoMo invirtió 8 millones de dólares para filtrar el spam. También debió reducir sus tarifas para abaratar las facturas de sus clientes, engrosadas por los mensajes basura.

Hace poco, la empresa dijo que daría cumplimiento a una nueva ley incluyendo información en el encabezamiendo de los mensajes de email, como por ejemplo el IP del remitente y el nombre de servidor, de modo que los destinatarios puedan detectar si el mensaje es spam.

El spam enviado por medios inalámbricos se ha convertido en un problema tan crítico que el Parlamento de la Unión Europea dispuso que para el 2003 todos los estados miembro deberán contar con leyes para combatirlo.

Travis Larson, vocero de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA, Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet), un grupo de lobby estadounidense, manifestó que proteger a los clientes de los spammers constituye una prioridad para los proveedores de servicios.

"Sobrecarga nuestras redes y hace que los clientes abandonen nuestros servicios", dijo Larson. "Si me inundan con spam, seguramente voy a dejar de chequear los mensajes de texto".

Pero para decepción de muchos usuarios de teléfonos celulares, la CTIA tiene sus reservas respecto de que sea el gobierno quien regule la industria. Y dice, además, que la nueva ley de California se queda corta en lo que respecta a eliminar a los spammers.

El proyecto de ley, presentado por el legislador Tim Leslie (Partido Republicano, Tahoe City) después de enterarse de la historia de Joffe a través del The Wall Street Journal, no fija un castigo para las infracciones a la ley. En cambio, deja el rastreo del spammer y las actuaciones judiciales a cargo del usuario.

Dado que se trata de una ley estadual, no queda claro si una empresa de, por ejemplo, Arizona estaría sujeta a los mismos cargos que una radicada en Los Angeles.

Lo más probable es que la mayoría de los usuarios se traguen los centavos que cobran las firmas de telefonía por recibir un mensaje de texto en lugar de, como dijo Joffe, "tener que pasar por todo este papelerío".

"Lo que pasó es que casi todos los estados han estado siguiendo mi caso de cerca", señaló Joffe. "Es una especie de caso testigo".

El representante Rush Holt (Partido Demócrata, Nueva Jersey) propone otra solución. Hace unos dos años, presentó un proyecto de ley que establecía la aplicación de multas a quienes enviaran spam por teléfono celular. No se le prestó atención alguna a causa de las circunstancias que rodearon a los ataques del 11 de septiembre, comentó un vocero.

"Espero que la nueva ley de California resulte una manera efectiva de proteger la privacidad y que el Congreso siga a ese estado aprobando la ley nacional que presenté", dijo Holt.