California con miras a una fuerte política de privacidad

Ante la perspectiva de tener que llevar adelante una onerosa campaña para salir triunfadora en caso de que la cuestión debiera dirimirse en las urnas, el jueves la industria financiera de California dejó de lado su oposición a una ley de privacidad de la información de gran alcance y anunció un acuerdo de último momento con los grupos de defensa de la privacidad.

Este acuerdo fijó la tarde del jueves como fecha límite para que los legisladores aprueben una versión de una ley de privacidad financiera que cuenta con el respaldo del senador del estado de California, Jackie Speier (Partido Demócrata, San Francisco/San Mateo), que impone restricciones sobre la forma en que los bancos y las empresas de seguros pueden compartir información sobre sus clientes.

Si la Cámara de Representantes y el Senado no aprueban esta ley, una coalición de grupos de defensa de la privacidad denominada Californians for Privacy Now (Los californianos por la privacidad ya) presentará las 600.000 firmas que ha reunido para someter a votación este tema en las elecciones que se llevarán a cabo en ese estado en marzo del 2004. La fecha límite para la presentación de las firmas en favor de dirimir la cuestión en las urnas es el 20 de agosto.

Ambas partes coinciden en que esta medida, si se aplica tal como está previsto, pondrá en vigencia las protecciones más fuertes aplicadas hasta el momento en ese país en materia de privacidad financiera.

Se anticipa que esta ley tendrá repercusiones en todo el país, ya que para las grandes empresas muchas veces es más fácil modificar sus políticas de privacidad en todas sus filiales que modificarlas solamente en un determinado estado, especialmente en un estado con una base de clientes tan grande como la de California.

El proyecto de ley resultante de este compromiso contiene tres niveles de reglamentación. Las empresas financieras que quieran compartir o vender datos a otras firmas tendrán que solicitar el expreso permiso de los clientes, un proceso ahora conocido como opt-in.

En el caso de las instituciones financieras que quieran compartir información con sus filiales rige otra reglamentación. Por ejemplo, si un banco quiere compartir información sobre un cliente con una empresa de inversiones, y las dos instituciones pertenecen a una misma empresa controlante, entonces pueden compartir la información pero tienen que darle la posibilidad al cliente de decir no. Este mecanismo se denomina opt-out.

En tercer lugar, se encuentran las empresas afiliadas que operan en el mismo tipo de actividad, en cuyo caso pueden intercambiar información libremente. De esta manera, si una persona tiene un seguro para el hogar con State Farm, esa empresa puede facilitar la información correspondiente a su asegurado a su división de seguros del automotor.

Hace apenas un mes, dos medidas similares, ambas promovidas por Speier, fueron anuladas en la comisión a raíz de las fuertes presiones de los bancos y de la Cámara de Comercio de California, que calificó a este proyecto como un "arma letal contra el trabajo".

El jueves, Fred Main, vicepresidente general de la Cámara de Comercio de California, encomió este acuerdo, y señaló que significaba una mejora respecto de una "iniciativa presentada en forma unilateral".

"Siempre hemos querido un proyecto de ley razonable y que se pueda llevar a la práctica", señaló Main. "Ambas partes decidieron que es mejor elaborar las políticas públicas complejas en la legislatura que en las urnas".

"Sin embargo, desde un comienzo creímos que la forma indicada de hacerlo era a nivel federal" said Main.

La posición exhibida por Main el jueves dista mucho de la que tenía en julio, cuando prometió que la industria financiera iba a invertir millones de dólares para luchar en contra de la aprobación del proyecto de ley en las urnas, a pesar de que las mediciones previas indicaban que más del 90 por ciento de los votantes de California estaría a favor de esa medida.

Los defensores de la privacidad en general vieron como algo positivo los sucesos del jueves.

"Es un gran paso adelante para los consumidores", señaló Beth Givens, de Privacy Rights Clearinghouse (Centro de Información sobre Derechos a la Privacidad). "Una iniciativa no es un instrumento de precisión. Si hay aspectos de esta ley que son perjudiciales para los consumidores, podemos volver a la mesa y corregirlos".

No obstante, no todos los grupos de defensa del consumidor vieron con buenos ojos este anuncio.

"No sé si no será un engaño", señaló Jerry Flanagan, de la Foundation for Taxpayer & Consumer Rights (Fundación de Defensa de los Derechos del Consumidor y el Contribuyente).

Flanagan señaló que le molestaba el hecho de que esta legislación no contenga pautas para la redacción de los formularios de opt-out, que es regulada a nivel federal por el Departamento del Tesoro.

"A menos que este formulario esté redactado en forma clara, les informe a los consumidores cuáles son sus derechos y sea un formulario independiente, los efectos de este proyecto de ley podrían ser ilusorios en la mayoría de los casos", señaló.

Este proyecto permite a las empresas redactar sus propios formularios de opt-out y establece que el lenguaje empleado en esos formularios puede ser de nivel universitario.

Además, los particulares no tendrían derecho a iniciar acciones legales si su información fuera difundida en forma indebida. Este proyecto de ley prevé que solamente el procurador general del estado podrá iniciar acciones legales en nombre de los ciudadanos de California.